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Los interrogantes sobre el modelo de operación de Electricaribe

20 marzo, 2016

Expertos señalan que las deficiencias del sistema tienen su raíz en la falta de un contrato de concesión con el Estado. La electrificadora dice que la Ley no obliga a ello.

Para ponerle fin a los problemas del servicio eléctrico en el Caribe se han abierto varios debates en torno a Electricaribe y la eficiencia de sus operaciones. Uno de los puntos que han cuestionado entidades como Protransparencia y la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem) del Atlántico, es la ausencia de un contrato de concesión entre el Estado y la compañía. Esta situación, según las entidades, habría permitido que la empresa operara sin tener obligaciones “por escrito” sobre los montos que debe invertir, los mantenimientos que debe realizar o los activos que debe comprar para que el sistema funcione mejor.

Horacio Brieva, director de Protransparencia, recuerda que este contrato no existe porque cuando Unión Fenosa adquirió las electrificadoras en 2000, solo se hizo una compra de activos para ser operador del servicio, pero no se firmó una concesión con el Estado.

“No hubo ninguna modalidad contractual para establecer responsabilidades u obligaciones en inversiones para mejorar el sistema, hacer mantenimientos ni para remunerar los activos que usa y que son del Estado”, explicó.

A esa opinión se sumó Carlos Pantoja, presidente de Aciem Atlántico, quien incluye un componente de la ley: “No se hizo una concesión como lo dice la Ley 143 de 1994”, que en su artículo 58 establece “claramente las condiciones de prestación del servicio, la forma y condiciones de remuneración para el concesionario, que se definirán teniendo en cuenta el servicio concedido”.

¿Qué dice la empresa?.

EL HERALDO consultó a Electricaribe sobre la existencia de dicho contrato y la empresa confirmó que no existe una concesión y que se realizaron“contratos de transferencia de activos con las antiguas electrificadoras”.

Sin embargo, la oficina jurídica también realizó otras precisiones: la primera, que la operación del servicio en la Región Caribe no lo definió Electricaribe con su llegada, sino que la venta de activos ya se había hecho desde la privatización de las electrificadoras públicas en 1998, cuando pasaron a manos de Houston Industries y Electricidad de Caracas.

La decisión de venta la tomó el gobierno de turno: el expresidente Ernesto Samper Pizano y el exministro de Minas y Energía, Orlando Cabrales Martínez.

La segunda precisión que realizó la compañía fue en torno a la ley, pues explican que a partir de la Constitución de 1991, el Gobierno permitió la participación de particulares (privados) en la prestación de servicios. A eso se suma que las leyes 142 y 143 de 1994 definieron que estas empresas estarían sujetas a las condiciones del Estado, que se reservaba las actividades de planeación, regulación, control y supervisión del servicio.

“No se requiere que haya un contrato de concesión por regla general en el servicio eléctrico, pero sí hay excepciones en el servicio de agua y el espectro electromagnético”, reafirmó la compañía, que agregó que esto no solo aplica a Electricaribe, sino a todo el territorio nacional.

¿Qué dice la Ley?

Aunque todo el capítulo XI de la Ley 143 define el mecanismo de concesión, el artículo 56 condiciona que se dará en casos en los que “como resultado de la libre iniciativa de los distintos agentes económicos, en un contexto de competencia, no exista ninguna entidad dispuesta a asumir, en igualdad de condiciones, la prestación de estas actividades”.

A su vez, la ley deja abierta la puerta para que diferentes actores operen el servicio. Los artículos 6, 7 y 8 del primer capítulo de la Ley 142, dicen que los municipios, departamentos o la Nación pueden operar directamente un servicio público cuando se dan ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando se demuestra que los costos que da una empresa mixta o privada son superiores a los que tendrían los entes territoriales en caso de tener la administración.

Un problema de fondo.

EL HERALDO indagó en otras zonas como el centro del país y verificó que compañías como Codensa, que atiende a Bogotá, tampoco tienen una concesión.

Es por ello que “el problema no es el tipo de contrato, porque en Bogotá ha funcionado sin que se concesione. Lo que se debe revisar es el comportamiento del mercado, si los usuarios pagan, si hay robos de energía, y cuáles son los compromisos de inversión de la empresa”, señaló Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores, compañía especializada en el sector energético.

Ángel Castañeda, abogado experto en temas energéticos de Castañeda & Velasco Abogados, agrega que el mecanismo de concesión que se utilizaba antes del apagón del 92, “fue un fracaso total porque el Estado no funcionó con criterios eficientes, sino con intereses políticos que incentivó la corrupción en ese momento”. Es por ello que asegura que el funcionamiento del servicio debe pasar por la buena voluntad de las administraciones y las empresas.

De hecho, una de las críticas que realiza Horacio Brieva a los contratos sin concesión, radica en que las administraciones han dejado en manos de las empresas el servicio, pese a poder operarlo, por falta de voluntad en desarrollar más inversiones sociales. “Esto va en detrimento al Estado social de derecho en materia de prestación de servicios que son esenciales”.

Entre tanto, el debate sigue abierto mientras que los usuarios esperan que las inversiones prometidas sí mejoren el servicio y acaben la polémica.

Cambiar los cables y aisladores fue un error

En Barranquilla, y seguramente en otras ciudades de la Costa, Electricaribe cambió las redes eléctricas de cobre por aluminio. El dirigente sindical Hamilton Barreto señaló que un cable de cobre tiene una “durabilidad de 20 años” y es más resistente a la “fuerte intemperie local”, mientras que el de aluminio dura cinco años.

El presidente de Aciem-Atlántico, Carlos Pantoja, aunque dijo que si al aluminio se le da un buen mantenimiento puede durar, explicó que por razones de su característica este se dilata con el calor y se contrae en horas de la madrugada con la humedad, lo que permite que se generen “puntos de fuga” que facilitan los cortes del servicio si no se trabaja en un “buen mantenimiento preventivo”. Otra crítica tiene que ver con el “experimento” –asociado a cuestiones de costos– que llevó a la empresa a cambiar los aisladores que eran de porcelana y de mayor tamaño para resistir factores contaminantes como la salinidad y la humedad. Hoy la compañía usa unos siliconados y de menor tamaño que son “más vulnerables” a las condiciones climáticas barranquilleras.